24 de octubre de 2007.
Al parecer el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiere, en un alarde de irresponsabilidad, aprobar una mal llamada Ley de la Memoria Histórica en el final de su legislatura y con el único apoyo de nacionalismos radicales e Izquierda Unida.
Por supuesto nadie se opone al reconocimiento de las víctimas, de ambos bandos, y –sobre todo- de aquellos a quienes hasta ahora no hubieran alcanzado beneficios previstos por normativas similares, pero de ahí a pretender aprobar, nada menos que mediante el instrumento de una ley, el recuerdo y la memoria, media un abismo.
Como cuestión de principios sobre la memoria histórica no se puede legislar. Se podrá –y será bueno– debatir, estudiar y poner en cuestión de forma documentada hechos concretos, pero ¿y el recuerdo? ¿Cómo es posible, salvo para una mentalidad totalitaria, legislar sobre lo que cada uno piensa o conmemora?
Es cierto que los símbolos oficiales deben ser los que correspondan en cada momento y el resto –salvo el valor histórico, cultural o artístico– pertenecen al ámbito privado y no al público, pero resulta patético que ya circulen listas, elaboradas por gentes poco documentadas, en las que se proponen nombres de calles, placas, que deben ser retiradas. Algunas incluso en el interior de las iglesias, cuando es evidente que hasta allí no llega el poder normativo del Estado, como tampoco alcanza al interior de las casas o propiedades de cada cual.
Y en estas listas negras a las que tan aficionados son algunos (sobre todo comunistas), que ya las practicaron con los vivos y ahora deben relamerse de gusto ante la posibilidad de hacerlo con los muertos, se incluyen notables escritores como Agustín de Foxá, o Pedro Muñoz Seca, ilustre dramaturgo que fue fusilado por los republicanos en noviembre de 1936. Tremendo… probablemente los secuaces de las listas pronto las incrementarán con José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Miguel de Unamuno, Ramiro de Maeztu, Eugenio d´Ors, Concha Espina, Victor de la Serna, Wenceslao Fernández Flórez, José Maria Pemán, Victor Pradera, etc…
En cambio no se han acordado de otros nombres que también recuerdan a la guerra civil: por ejemplo en el municipio madrileño de Coslada persisten placas y calles en honor de Margarita Nelken (diputada extremista que tuvo mando en el Madrid republicano durante los períodos de mayor represión en el otoño de 1936 y que se permitió incluso amenazar a Ortega y Gasset pidiéndole que se marchara de España porque en la nueva que ella estaba haciendo, no había cabida para el filósofo) y Dolores Ibárruri, ilustre exilada en la URSS de José Stalin y Nikita Kruschev.
Los países que han sufrido una guerra civil, y han sido muchos, sólo han podido construir el futuro enterrando las causas de la guerra y pactando un consenso sobre temas decisivos, sobre todo durante las inmediatas generaciones que vivieron el conflicto. Más allá de eso no hay lugar salvo para el debate histórico y la investigación. A nadie se le ocurriría juzgar hoy con pretensiones de oficialidad a la Revolución Francesa, a la monarquía egipcia o al general Prim.
Lamentablemente lo que se oculta tras la malhadada Ley de Memoria Histórica no es siquiera un intento de profundización científica y de conocimiento de las nuevas generaciones sobre la guerra civil, sino algo más material y de corto alcance. Juan Manuel de Prada lo ha descrito a la perfección: el Gobierno ZP quiere ante las elecciones generales de 2008 forzar una votación en el Congreso en la que el PP quede identificado con el franquismo, en tanto que el PSOE quede investido como el heredero de la Segunda República.
En esta zapatiesta política para nada cuenta la historia, ni el desastre que supuso el Gobierno republicano, que en 1936 ya no controlaba los resortes del Estado y era desbordado por los extremismos (recordemos el golpe de Estado de 1934 perpetrado por la izquierdas contra el gobierno republicano), ni la durísima represión y los múltiples fusilamientos y asesinatos que se dieron en la zona roja. ¿Ayuda a la reconciliación y al olvido y al perdón desenterrar conflictos, provocar que cada familia vuelva sobre su pasado? ¿ZP olvida que España quedó partida en dos en 1936 y que por cada memoria histórica de un “republicano” de la época se alzaría al menos otra memoria histórica similar de un “nacional”?
Ahí reside la gran irresponsabilidad del PSOE: cuando a la altura de 2008 los problemas de los españoles son otros y muy concretos: la vivienda, el paro, el terrorismo, la vida cotidiana y personalísima, viene un político y coloca en el ojo del huracán el debate sobre la guerra civil. ¿Acaso ninguno de sus casi setecientos asesores le ha dicho que esto llevará a dividir a España otra vez en dos bloques prácticamente iguales?
No se puede legislar sobre la memoria, pero si se hiciera, la única vía es el consenso. Es imposible aprobar una ley de memoria histórica sin que PP y PSOE se pongan de acuerdo: a estos efectos da igual lo que puedan pedir grupos minoritarios como ERC o Izquierda Unida, que apenas representan a un puñado de españoles. Por supuesto la Ley de Memoria Histórica pasará, será aplicada u olvidada (seguramente a casi nadie le interesará su contenido), incluso hasta derogada, y su influencia en la vida de los españoles será prácticamente nula.
Pero ello no impide que quepa hacer un reproche grave a Zapatero, aunque el mejor reproche es el que se podrá ejecutar en las ya cercanas elecciones generales: hoy lo que interesa no es la memoria histórica sesgada sino el presente y, sobre todo, el futuro.
Fuente: http://es.novopress.info
Por supuesto nadie se opone al reconocimiento de las víctimas, de ambos bandos, y –sobre todo- de aquellos a quienes hasta ahora no hubieran alcanzado beneficios previstos por normativas similares, pero de ahí a pretender aprobar, nada menos que mediante el instrumento de una ley, el recuerdo y la memoria, media un abismo.
Como cuestión de principios sobre la memoria histórica no se puede legislar. Se podrá –y será bueno– debatir, estudiar y poner en cuestión de forma documentada hechos concretos, pero ¿y el recuerdo? ¿Cómo es posible, salvo para una mentalidad totalitaria, legislar sobre lo que cada uno piensa o conmemora?
Es cierto que los símbolos oficiales deben ser los que correspondan en cada momento y el resto –salvo el valor histórico, cultural o artístico– pertenecen al ámbito privado y no al público, pero resulta patético que ya circulen listas, elaboradas por gentes poco documentadas, en las que se proponen nombres de calles, placas, que deben ser retiradas. Algunas incluso en el interior de las iglesias, cuando es evidente que hasta allí no llega el poder normativo del Estado, como tampoco alcanza al interior de las casas o propiedades de cada cual.
Y en estas listas negras a las que tan aficionados son algunos (sobre todo comunistas), que ya las practicaron con los vivos y ahora deben relamerse de gusto ante la posibilidad de hacerlo con los muertos, se incluyen notables escritores como Agustín de Foxá, o Pedro Muñoz Seca, ilustre dramaturgo que fue fusilado por los republicanos en noviembre de 1936. Tremendo… probablemente los secuaces de las listas pronto las incrementarán con José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Miguel de Unamuno, Ramiro de Maeztu, Eugenio d´Ors, Concha Espina, Victor de la Serna, Wenceslao Fernández Flórez, José Maria Pemán, Victor Pradera, etc…
En cambio no se han acordado de otros nombres que también recuerdan a la guerra civil: por ejemplo en el municipio madrileño de Coslada persisten placas y calles en honor de Margarita Nelken (diputada extremista que tuvo mando en el Madrid republicano durante los períodos de mayor represión en el otoño de 1936 y que se permitió incluso amenazar a Ortega y Gasset pidiéndole que se marchara de España porque en la nueva que ella estaba haciendo, no había cabida para el filósofo) y Dolores Ibárruri, ilustre exilada en la URSS de José Stalin y Nikita Kruschev.
Los países que han sufrido una guerra civil, y han sido muchos, sólo han podido construir el futuro enterrando las causas de la guerra y pactando un consenso sobre temas decisivos, sobre todo durante las inmediatas generaciones que vivieron el conflicto. Más allá de eso no hay lugar salvo para el debate histórico y la investigación. A nadie se le ocurriría juzgar hoy con pretensiones de oficialidad a la Revolución Francesa, a la monarquía egipcia o al general Prim.
Lamentablemente lo que se oculta tras la malhadada Ley de Memoria Histórica no es siquiera un intento de profundización científica y de conocimiento de las nuevas generaciones sobre la guerra civil, sino algo más material y de corto alcance. Juan Manuel de Prada lo ha descrito a la perfección: el Gobierno ZP quiere ante las elecciones generales de 2008 forzar una votación en el Congreso en la que el PP quede identificado con el franquismo, en tanto que el PSOE quede investido como el heredero de la Segunda República.
En esta zapatiesta política para nada cuenta la historia, ni el desastre que supuso el Gobierno republicano, que en 1936 ya no controlaba los resortes del Estado y era desbordado por los extremismos (recordemos el golpe de Estado de 1934 perpetrado por la izquierdas contra el gobierno republicano), ni la durísima represión y los múltiples fusilamientos y asesinatos que se dieron en la zona roja. ¿Ayuda a la reconciliación y al olvido y al perdón desenterrar conflictos, provocar que cada familia vuelva sobre su pasado? ¿ZP olvida que España quedó partida en dos en 1936 y que por cada memoria histórica de un “republicano” de la época se alzaría al menos otra memoria histórica similar de un “nacional”?
Ahí reside la gran irresponsabilidad del PSOE: cuando a la altura de 2008 los problemas de los españoles son otros y muy concretos: la vivienda, el paro, el terrorismo, la vida cotidiana y personalísima, viene un político y coloca en el ojo del huracán el debate sobre la guerra civil. ¿Acaso ninguno de sus casi setecientos asesores le ha dicho que esto llevará a dividir a España otra vez en dos bloques prácticamente iguales?
No se puede legislar sobre la memoria, pero si se hiciera, la única vía es el consenso. Es imposible aprobar una ley de memoria histórica sin que PP y PSOE se pongan de acuerdo: a estos efectos da igual lo que puedan pedir grupos minoritarios como ERC o Izquierda Unida, que apenas representan a un puñado de españoles. Por supuesto la Ley de Memoria Histórica pasará, será aplicada u olvidada (seguramente a casi nadie le interesará su contenido), incluso hasta derogada, y su influencia en la vida de los españoles será prácticamente nula.
Pero ello no impide que quepa hacer un reproche grave a Zapatero, aunque el mejor reproche es el que se podrá ejecutar en las ya cercanas elecciones generales: hoy lo que interesa no es la memoria histórica sesgada sino el presente y, sobre todo, el futuro.
Fuente: http://es.novopress.info
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